El Gobierno de Cataluña apuesta por la innovación en materia de recogida selectiva de residuos
La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), organismo perteneciente al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, promueve una línea de subvención dotada con 10 millones de euros, para la realización de proyectos piloto innovadores y eficientes en materia de recogida selectiva de residuos. Esta línea de ayuda, destinada a entes locales, se encuentra dentro de la partida presupuestaria aprobada por el Gobierno catalán para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, distribuido en 2,5, 5 y 2,5 millones de euros, respectivamente.
Esta subvención pretende cumplir con los objetivos establecidos en el Programa General de Prevención y Gestión de Residuos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20) que, a su vez, se enmarcarían en la normativa de la UE.
El presupuesto destinado a estos proyectos se divide en 5 líneas de financiamiento según la población del municipio donde se quieren llevar a cabo el proyecto piloto, así como su estacionalidad.
Los principales retos a los cuales pretende dar respuesta dicha línea de ayudas son:
- Transportar todo resultado conseguido de los sistemas personalizados de recogida selectiva a territorios y municipios más grandes que no gozan de estos sistemas, así como intentar involucrar a la ciudadanía en el proceso, buscando cambios reales en la sociedad.
- Aplicar modificaciones en los sistemas de recogida selectiva de actividades de servicios, comercios y productores de residuos asimilables a municipales, para poner en consideración la prevención, se segregue en origen los residuos, se impliquen en todos los pasos del proceso de valorización y garanticen el correcto destino, dando valor a sus propios residuos y, al mismo tiempo, mostrando como un modelo impulsor de posibles cambios de comportamiento en la población.
- Utilizar un sistema de monitorización transparente y accesible, para que tanto los ciudadanos como las empresas productoras de residuos municipales puedan estar al corriente del impacto directo de sus actuaciones hacia los índices de prevención y recogida selectiva en sus territorios. Mediante este sistema, las administraciones públicas deben poder acceder a esa información y adecuar sus actuaciones en función de los resultados obtenidos y mejorar la eficacia del servicio público, replanteando el sistema desde una perspectiva ambiental, económica y social.